La reciente publicación del informe “Población en Situación de Discapacidad en Uruguay. Prevalencia y Brechas en el Acceso a Derechos a partir del Censo 2023”, elaborado por UNICEF, UNFPA y el Ministerio de Desarrollo Social, aporta una actualización fundamental sobre la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país y evidencia importantes desafíos pendientes para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
De acuerdo con el estudio, en Uruguay existen más de 197.000 personas de 5 años y más en situación de discapacidad, lo que representa el 6,6% de la población. Entre niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años, la prevalencia alcanza al 2,9%, lo que equivale a más de 18.000 personas.
El informe señala que la discapacidad debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Desde este enfoque, la discapacidad no se explica únicamente por una condición individual, sino por la interacción entre las características de la persona y las barreras existentes en el entorno social, educativo, físico e institucional.
Trayectorias educativas con mayores dificultades
Uno de los aspectos más relevantes del informe refiere a las desigualdades educativas que enfrentan las personas en situación de discapacidad.
Los datos muestran que presentan mayores niveles de rezago escolar, desvinculación más temprana del sistema educativo y menores tasas de culminación de los distintos ciclos de enseñanza. El estudio concluye que las trayectorias educativas de esta población son significativamente más vulnerables que las de quienes no presentan discapacidad.
Entre los adolescentes de 16 y 17 años, la no asistencia educativa alcanza al 16% de quienes se encuentran en situación de discapacidad, frente al 10% de quienes no presentan discapacidad. Asimismo, uno de cada seis adolescentes con discapacidad entre 15 y 17 años no ha culminado aún la educación primaria, mientras que entre sus pares sin discapacidad la culminación es prácticamente universal.
Impacto en las condiciones de vida
El informe también advierte sobre la estrecha relación entre discapacidad y vulnerabilidad social.
La mitad de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad reside en hogares que presentan carencias críticas, una proporción 14 puntos porcentuales superior a la registrada entre quienes no presentan discapacidad. Además, tienen mayores probabilidades de vivir en viviendas inadecuadas, sin calefacción adecuada y con condiciones de saneamiento inseguras.
Según los autores, estas desigualdades reflejan la acumulación de barreras que afectan simultáneamente el acceso a derechos, la participación social y las oportunidades de desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias.
Inclusión y acceso a apoyos especializados
Los resultados del informe refuerzan la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la inclusión y al acceso oportuno a apoyos especializados durante la infancia y la adolescencia.
La evidencia internacional demuestra que la detección temprana y la intervención interdisciplinaria constituyen herramientas fundamentales para favorecer el desarrollo, la inclusión educativa, la participación social y la autonomía futura de niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades del desarrollo, trastornos del neurodesarrollo o situaciones de discapacidad.
En este sentido, los datos del Censo 2023 confirman que Uruguay continúa enfrentando importantes desafíos para garantizar una inclusión efectiva y una igualdad real de oportunidades, particularmente en materia educativa y social. Tal como concluye el propio informe, la información generada constituye una línea de base imprescindible para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que permitan reducir las brechas existentes y asegurar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
Fuente: Población en Situación de Discapacidad en Uruguay. Prevalencia y Brechas en el Acceso a Derechos a partir del Censo 2023, UNICEF Uruguay, UNFPA y Ministerio de Desarrollo Social, setiembre de 2025.